En el último año, el sector inmobiliario ha vivido varios cambios normativos por la inestabilidad política, mientras consolida su recuperación en un mercado que crece a unos niveles más moderados que durante la burbuja. Este es el nuevo escenario en materia de vivienda que se dibuja tras las Elecciones Generales.
Pese a cuatro años sin un gobierno estable y en plena desaceleración económica, el mercado de la vivienda ha consolidado su recuperación, impulsado por la apuesta en el sector de grandes inversores institucionales. Sin embargo, la actividad muestra ciertas debilidades, que la fragmentación política no ha ayudado a corregir.
En el segmento del alquiler, nos encontramos con un mercado en ebullición, pero con precios elevados en algunas zonas de provincias como Madrid y Barcelona y costa, por la falta de oferta, el aumento de la demanda del inversor no particular y el turismo. Los jóvenes están siendo expulsados de la compra por su nula capacidad de ahorro, lo que cierra las puertas a la financiación bancaria y, en algunos casos, se ven obligados a desplazarse a la periferia o a compartir piso. La falta de materia prima está detrás de esta presión en el mercado, donde la vivienda de obra nueva escasea, y la que sale es cara. El problema no está en la inexistencia de suelo, sino en la lentitud en la concesión de las licencias administrativas, lo que tensiona los precios.
Por otra parte, los cambios regulatorios del Gobierno en minoría de Pedro Sánchez han generado inseguridad jurídica, obligando a posponer decisiones, tanto a propietarios como a inquilinos y/o compradores. Ahora, los resultados electorales de los comicios han fortalecido al PSOE que, no obstante, necesitará pactar para lograr la estabilidad que reclama la industria y, así, continuar apuntalando un mercado que crece a unos niveles mucho más moderados que durante los años de la burbuja. Estas son las propuestas de los principales partidos con los que se puede formar gobierno.
PSOE
Según su programa electoral, los deberes que le quedan pasan por impulsar la promoción de vivienda de alquiler social, “movilizando suelo público que se encuentre disponible mediante la cesión de derecho de superficie y favoreciendo el uso de mecanismos público-privados” y reforzando el papel de la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Asimismo, propone restablecer la renta básica de emancipación para el alquiler, de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, para los jóvenes con ingresos bajos. Ello se enmarca en el desarrollo de un Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil, que implique a todas las administraciones públicas, entidades sociales y privadas con el objetivo de establecer la coordinación para facilitar el acceso a la vivienda en todas las CCAA. En el mismo sentido, habla de medidas para favorecer la vida independiente de las personas mayores.
En la lucha contra la despoblación rural, se impulsará la rehabilitación de vivienda rural y “su uso para nuevos pobladores”, sin especificar las medidas en concreto.
Ciudadanos
El partido de Albert Rivera quiere aprobar una ley nacional de vivienda para incrementar el parque social, con el foco puesto en el alquiler y dirigido a quienes “no pueden permitirse una vivienda”, en la que se pretenden eliminar trabas administrativas, impulsar viviendas de alquiler temporal para personas en dificultades y fomentar el alquiler asequible impulsando la rehabilitación y la colaboración público-privada.
Con el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda en régimen de alquiler “seguro y asequible”, propone la creación de un Registro de Arrendamientos Urbanos para conocer el mapa del alquiler en el país, mejorar los incentivos fiscales para los particulares y entidades dedicadas al arrendamiento en régimen protegido, si bien no se concreta, facilitar la rehabilitación y puesta en alquiler de viviendas vacías y la creación de un Sistema Arbitral de Arrendamientos Urbanos gratuito para resolver de forma “sencilla y rápida” conflictos entre propietarios.
Podemos
Con la mirada puesta en el stock de viviendas vacías, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuantifica en 3,4 millones de inmuebles, el partido dirigido por Pablo Iglesias propone un sistema de cesión obligatoria para sacar al mercado activos en manos de entidades financieras y grandes tenedores para uso en alquiler. Su objetivo es crear un gran parque público a precio asequible, evitando la especulación con la vivienda vacía, consistente en sacar al mercado 50.000 viviendas al año durante toda la legislatura.
Para garantizar el arrendamiento “estable, asequible y seguro” pretende implantar un contrato indefinido, estableciendo causas claras de rescisión. En los casos en que el inquilino sea especialmente vulnerable y el propietario sea una sociedad o un fondo, el contrato se prorrogará de manera automática.
Asimismo, propone un Plan de Rehabilitación de Vivienda en el medio rural, reduciendo a la mitad el IBI en poblaciones con menos de 5.000 habitantes.
Podemos es el único partido que tiene una referencia expresa en su programa sobre las Socimi. La formación morada quiere acabar con estas sociedades, muy extendidas en Europa para dinamizar el mercado del alquiler, por “tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación”.
Precisamente, la fragmentación política que marcó la breve legislatura de Pedro Sánchez impidió la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, donde el PSOE incluyó un endurecimiento fiscal sobre los beneficios de estas sociedades.
